La provincia de Córdoba ha elevado un firme reclamo al Gobierno Nacional por la mora en el envío de fondos destinados a sostener el sistema de transporte interurbano y garantizar la operatividad del Boleto Educativo Gratuito (BEG). Esta situación, según fuentes gubernamentales, pone en riesgo la viabilidad de un servicio esencial para miles de cordobeses que dependen del transporte público para acceder a la educación y al trabajo.

Las autoridades provinciales expresaron su preocupación por el impacto negativo que esta falta de financiamiento tiene en el sector del transporte, especialmente en las empresas que operan en el interior de la provincia. La continuidad del BEG, un programa social de gran importancia para estudiantes de todos los niveles, también se ve amenazada por la falta de recursos comprometidos por la Nación.

El Boleto Educativo Gratuito, implementado en Córdoba desde hace varios años, permite a estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y universitario viajar sin costo en el transporte público. Este beneficio representa un importante apoyo económico para las familias y facilita el acceso a la educación, contribuyendo a reducir la deserción escolar. El financiamiento compartido entre la provincia y la Nación es fundamental para su funcionamiento.

Más allá del impacto directo en los usuarios del transporte, la falta de envío de estos fondos genera incertidumbre en el sector y podría derivar en un ajuste de tarifas o una reducción de frecuencias, afectando la calidad del servicio. La provincia argumenta que la Nación tiene la obligación de cumplir con los compromisos asumidos en materia de financiamiento del transporte, tal como lo establecen los acuerdos vigentes.

Este reclamo se suma a otras demandas que la provincia ha realizado a la Nación en relación con la distribución de recursos y el cumplimiento de pactos fiscales. La situación financiera de las provincias, en un contexto económico complejo, requiere de un diálogo constructivo y una coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar la prestación de servicios esenciales a la población.