La progresiva digitalización de servicios en las ciudades genera un impacto significativo en diversas actividades laborales, especialmente aquellas informales. En Córdoba, la situación de los cuidacoches, comúnmente denominados “naranjitas”, ha suscitado un debate sobre la necesidad de políticas públicas que garanticen la inclusión y eviten la exclusión social ante los avances tecnológicos. La discusión se centra en cómo gestionar la transición hacia una ciudad más moderna sin que esto implique marginar a quienes dependen de empleos precarios para su subsistencia.

La problemática de la exclusión laboral no es exclusiva de Córdoba ni un fenómeno reciente. A nivel global, la automatización y la digitalización están transformando el mercado de trabajo, generando incertidumbre y desafíos para los trabajadores menos calificados. La experiencia internacional muestra que es crucial implementar programas de capacitación y reconversión laboral que permitan a estas personas adquirir nuevas habilidades y adaptarse a las demandas del mercado. Además, es fundamental fomentar la creación de empleos inclusivos que ofrezcan oportunidades a quienes tienen dificultades para acceder al mercado formal.

En el caso específico de los cuidacoches, la implementación de sistemas de estacionamiento medido digitalizado plantea interrogantes sobre su futuro laboral. Si bien la tecnología puede mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión del estacionamiento, también puede desplazar a quienes dependen de esta actividad para generar ingresos. Es necesario analizar cuidadosamente el impacto social de estas medidas y buscar alternativas que permitan integrar a los cuidacoches al nuevo sistema, ya sea a través de la capacitación, la formalización o la creación de empleos complementarios.

La discusión sobre la inclusión laboral en el marco de la modernización urbana no se limita a los cuidacoches. Afecta a una amplia gama de trabajadores informales que desempeñan actividades en el espacio público, como vendedores ambulantes, artistas callejeros y recicladores urbanos. Es fundamental abordar esta problemática desde una perspectiva integral, que tenga en cuenta las necesidades y los derechos de todos los actores involucrados. Esto implica promover el diálogo y la concertación entre el Estado, los empleadores, los sindicatos y las organizaciones sociales.

En definitiva, la modernización de las ciudades debe ir de la mano de políticas públicas que promuevan la inclusión social y la equidad. No se trata simplemente de digitalizar la pobreza, sino de garantizar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar plenamente en la vida económica y social. El desafío es construir una ciudad más inteligente y eficiente, pero también más justa y solidaria.