En el marco del debate nacional sobre la seguridad y la delincuencia juvenil, la representante por la provincia de Córdoba, Natalia de la Sota, expresó su firme oposición a la iniciativa que busca disminuir la edad de imputabilidad. La diputada fundamenta su postura en la necesidad de implementar políticas integrales que aborden las problemáticas sociales y económicas que conducen a los jóvenes a cometer delitos. Según su visión, la reducción de la edad de imputabilidad representa una solución simplista que no resuelve el problema de fondo.

De la Sota considera que es fundamental invertir en programas de prevención, educación y contención social para los jóvenes en situación de vulnerabilidad. En este sentido, propone fortalecer las instituciones encargadas de la protección de la infancia y la adolescencia, así como promover la creación de oportunidades laborales y educativas para los jóvenes. Asimismo, la diputada enfatiza la importancia de garantizar el acceso a la justicia y a un debido proceso para todos los jóvenes, independientemente de su edad.

La propuesta de reducir la edad de imputabilidad ha generado un intenso debate en la sociedad argentina, con posiciones encontradas entre diferentes sectores políticos y sociales. Algunos argumentan que la medida es necesaria para combatir la creciente inseguridad y responsabilizar a los jóvenes que cometen delitos graves. Otros, en cambio, sostienen que la reducción de la edad de imputabilidad no es una solución efectiva y podría generar consecuencias negativas en la reinserción social de los jóvenes.

Históricamente, la edad de imputabilidad en Argentina ha sido objeto de debate y modificaciones. Actualmente, la legislación establece que los menores de 16 años no son punibles por los delitos que cometen. Sin embargo, existe un proyecto en el Congreso Nacional que busca modificar esta normativa y reducir la edad de imputabilidad a 14 años para determinados delitos graves.

La postura de Natalia de la Sota se suma a la de otros legisladores y organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la reducción de la edad de imputabilidad. Estos sectores argumentan que la medida no está respaldada por evidencia empírica y podría generar un aumento de la población carcelaria juvenil, sin resolver el problema de la delincuencia. Además, advierten sobre los riesgos de vulnerar los derechos de los niños y adolescentes.