La reciente modificación en la categorización de las denominadas Zonas Frías ha suscitado alarma entre los representantes de la industria en la provincia de Córdoba. La reconfiguración del esquema de subsidios al gas natural implica que trece departamentos dejarán de percibir la ayuda económica que permitía mitigar el costo del servicio, situación que podría acarrear consecuencias negativas para la actividad productiva.

El principal temor radica en la eventualidad de un desabastecimiento durante la temporada invernal. La reducción o eliminación de los subsidios podría llevar a una disminución en la capacidad de compra de gas por parte de las empresas, especialmente aquellas de menor tamaño, dificultando el acceso a un suministro constante y suficiente para mantener sus operaciones en marcha. Esto, a su vez, podría tener un efecto dominó en la economía local, afectando la producción, el empleo y la competitividad de las industrias cordobesas.

Los departamentos afectados por esta modificación son aquellos que, históricamente, se habían considerado dentro de la categoría de Zonas Frías debido a sus particulares condiciones climáticas. Esta calificación les permitía acceder a un régimen tarifario especial, con menores costos en el servicio de gas natural, reconociendo las mayores necesidades de calefacción durante el invierno. La supresión de este beneficio genera incertidumbre sobre cómo las industrias radicadas en estas zonas podrán afrontar los incrementos en los costos energéticos.

Desde el sector industrial se insta a las autoridades a reconsiderar la medida y buscar alternativas que permitan garantizar el acceso al gas natural a precios accesibles para las empresas, especialmente durante los meses de mayor demanda. Se argumenta que el gas es un insumo esencial para numerosas actividades productivas y que su disponibilidad es crucial para el desarrollo económico de la provincia. Se subraya la necesidad de encontrar un equilibrio entre las políticas de subsidios y la sostenibilidad del sistema energético.

La situación plantea un desafío tanto para las empresas como para el gobierno provincial, que deberá evaluar las posibles consecuencias de la medida y buscar soluciones que minimicen el impacto negativo en la industria y en la economía local. Se espera que en los próximos días se produzcan reuniones entre representantes del sector industrial y funcionarios del gobierno para analizar la problemática y explorar posibles vías de solución.